Por Ana Larrañaga – Salud Crítica OSC
Entender los motivos por los que la industria se opone a estas medidas de salud pública es bastante obvio, pero, ¿por qué nuestro propio gobierno tendría que proteger los objetivos de estas industrias?…
Fue la Doctora Margaret Chan, durante su periodo como Directora General de la Organización Mundial de la Salud, quien declaró “Ningún país ha sido capaz de frenar la epidemia de obesidad. Esto no se debe a una falta de voluntad de la población. Esto se debe claramente una falta de voluntad política para enfrentar a las grandes industrias”.
En el caso de nuestro país, esta frase no podría ser más atinada. Lograr que las personas adopten un estilo de vida saludable para prevenir la obesidad (y otras enfermedades relacionadas con esta), es más difícil de lo que parece. Pareciera que médicos, nutriólogos, consejeras en lactancia y organizaciones civiles que lo intentan, se enfrentan con una feroz oposición y distorsión de mensajes orquestada por fuerzas bastante poderosas: los productores y comercializadores de productos ultraprocesados que se presentan como una opción sencilla y altamente disponible para alimentar a la población (sin advertir los estragos que causan en la salud), y fórmulas artificiales que intentan imitar las bondades de la lactancia natural sin estar si quiera cerca de lograrlo.
La razón es sencilla: Los esfuerzos para combatir la obesidad y las enfermedades no transmisibles van en contra de los intereses comerciales de estas industrias.
¿Por qué?; Porque atacar esta epidemia implica regular la venta de sus productos, restringir su publicidad, especialmente aquella dirigida a madres lactantes y niños, etiquetarlos con advertencias claras que realmente informen a las y los consumidores, y tasarlos con impuestos especiales para después financiar campañas y proyectos que fomenten la salud y la buena alimentación e hidratación (que poco o nada tiene que ver con el consumo de su cartera de productos). Evidentemente, todos estos esfuerzos deben ir acompañados de intervenciones educativas y capacitación del personal de salud para forjar una política sólida que haga frente al problema, sin embargo, el que la población deje de consumir con regularidad sus productos y con ello disminuyan sus ventas, no forma parte de sus objetivos.
Entender los motivos por los que la industria se opone a estas medidas de salud pública es bastante obvio, pero, ¿por qué nuestro propio gobierno tendría que proteger los objetivos de estas industrias?, ¿no están ejerciendo un puesto denominado como “servidores públicos”?, ¿no trabajan para beneficio de la población mexicana con dinero que sale de nuestros propios bolsillos?
A las y los candidatos, a todas las personas que a partir de 2018 tendrán un lugar en la toma de decisiones de este país, exigimos una política integral para hacer frente a esta epidemia. Esta debe estar basada en evidencia científica sólida y libre de conflicto de interés. Decimos NO a la interferencia de las industrias que protegen sus intereses comerciales. La salud de las y los mexicanos debe estar primero.
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